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Abogados de Cundinamarca los más sancionados del pais en 2008

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Artículo publicado el 16 de enero de 2008 por el Diario el Tiempo de la ciudad de Bogotá.  Véase en http://www.eltiempo.com/colombia/cundinamarca/abogados-de-cundinamarca-fueron-los-mas-sancionados-del-pais-en-el-2008_4757034-1

Ovidio Claros, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, aseguró que las sanciones corresponden a faltas a la ética.


Aunque ese tribunal no reveló ninguna cifra en particular sobre esta región del país, sí sostuvo que durante el año 2008 por retener dineros fueron sancionados 1.677 abogados.

El magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros Polanco, sostuvo que Cundinamarca es el departamento donde más abogados castigados hay en todo el país.

En efecto, 500 juristas fueron sancionados por no rendir cuentas al cliente; 1.500 por utilizar bienes, dineros o documentos en beneficio propio o de un tercero; 3.000 por demoras injustificadas en los procesos, y otros 1.525 por abandono o descuido de las diligencias.

"Hemos encontrado que Cundinamarca es el departamento con mayor número de abogados sancionados. Por eso se publica periódicamente un boletín con la lista de todos ellos para que la ciudadanía pueda consultarlo y evitar que sean objeto de burlas o estafas", indicó el Magistrado.

Expertos consultados, explicaron que la razón por la cual el departamento de Cundinamarca aparece con más profesionales del Derecho sancionados, es porque en esta zona de Colombia es donde se concentra la mayor cantidad de procesos judiciales, no por lo cual deja de ser preocupante la estadística.

"Estas decisiones no se toman a la ligera. Aquí nos reunimos y cada magistrado lleva un mínimo de 20 casos cada jueves, que es cuando tenemos sala plena. En promedio cada semana se están sancionando unos 30 abogados, muchos de los cuales son excluidos de la profesión", advirtió Claros Polanco.

Desde 1992, hasta el 2008, se han sancionado 9.546 abogados en el país (ver cuadros).

Hizo un llamado a los magistrados seccionales, quienes conocen de primera mano los casos de abogados que no cumplen, para sean severos en las sanciones.

"Estamos trabajando con la Sala Administrativa del CSJ la creación de un chip inteligente para las tarjetas de abogados, de tal forma que los clientes puedan consultarlo por internet y allí aparezca el historial del profesional que va a contratar", anunció el magistrado Claros.

Finalmente indicó que todo apunta no a poner la profesión contra la espada y la pared, sino a dignificarla. "Los estudiantes son apáticos a su propia profesión y creen que solo pagando un semestre ya pasan. Las facultades de derecho deben revisar el pensamiento académico, que piensen en la calidad y no en el negocio", puntualizó.
 
'Seremos más estrictos'

El magistrado Ovidio Claros, indicó que por el número creciente de abogados que hay en Colombia, corresponde a las autoridades hacer un endurecimiento de las sanciones a quienes cometan fraude o en indelicadezas en el desarrollo de la profesión.

"Queremos que las personas sepan cuáles son los abogados sancionados a los que no pueden otorgarle poderes. Vamos a modificar el Código de Disciplina para incluir otras conductas que no están tipificadas y que por confusas, hacen que los abogados dejen la responsabilidad y sigan estafando a la gente", sostuvo e magistrado del CSJ.

Agregó que por la falta de herramientas es que muchos profesionales del derecho tramposos sancionados en una ciudad, terminan litigando en otros municipios.

"Lo que queremos, entre otras, es que aquellos abogados que hagan una retención ilegal de dinero a sus clientes sea sancionado pero no con 30 días o 60, sino con la exclusión de la profesión. Además que se le obligue, antes de cumplir con la sanción, que previamente tenga que devolver los dineros", explicó Claros Polanco.

Anunció que se trabaja en la elaboración de módulos pedagógicos que sirvan como herramienta de conocimiento a los abogados acerca de cuáles son las faltas más comunes, y otros módulos para los magistrados seccionales, quienes, dijo, deben ser más duros en sus decisiones contra profesionales tramposos.
 
Las sanciones que reciben los malos
 
Luis Alberto Leyton, asesor del Registro Nacional de Abogados, sostuvo que en todo el país se han registrado alrededor de 175.319 abogados.

Sin embargo sostuvo que profesionales litigando hay actualmente entre 80 mil y de 90 mil. El funcionario explicó que las sanciones siempre tienen una segunda instancia de apelación, para garantizar el debido proceso.

Las castigos van desde la censura, pasan por la multa, la amonestación y terminan en la exclusión de cualquier actividad profesional.
 
'Falla la ética en las facultades'
 
Gremios de abogados y las mismas facultades de Derecho, admiten que hay una falla en la enseñanza de la ética y la moral en las universidades. Sostienen que deben revisarse las sanciones, las cuales deben ser más severas.
 
Como muy preocupante para la profesión, pero que refleja la crisis de valores que hay en los diferentes niveles de la sociedad, calificaron analistas el informe del Consejo Superior de la Judicatura sobre las sanciones a los abogados, especialmente en Cundinamarca.

"Hay también faltas contra la ética en otras profesiones, pero en la abogacía se nota más porque la gente trata con nosotros todos los días", explicó Saúl Emir Ramírez Quesada, presidente del Colegio de Abogados de Colombia.

Agregó que los abogados tramposos son producto de una sociedad que quiere ganarse la plata fácil, pero sostuvo que el Estado también tuvo culpa por no implementar desde mucho antes controles efectivos.

"Con la Ley 1123 del 2007, del Código Disciplinario del Abogado, se ha avanzado y ahora los procesos contra ellos no duran cinco años como sucedía. Además si se han detectado y sancionado más de 3.000 casos como ocurrió en el 2008, es porque la norma está funcionando", sostuvo Ramírez Quesada.

El Colegio de Abogados también criticó el poco o nulo contacto que tiene el Gobierno con las agremiaciones de abogados, especialmente en la consulta de la elaboración de leyes y normas.

"Creo que la formación en valores desde la familia y la capacitación que se haga a la ciudadanía para que conozca cuáles son las faltas y errores que tiene un abogado, pueden ser herramientas para que estos casos disminuyan", dijo Ramírez.

Por su parte, Carlos Mario Molina, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade) sostuvo que el informe ratifica lo que se ve en los exámenes Ecaes.

"Si se miran los resultados de estas evaluaciones que realiza el Icfes, para los estudiantes que salen de las carreras de derecho los temas de la ética y la responsabilidad profesional son donde los estudiantes sacan bajos promedios. Los promedios son tristes", dijo Molina.

Anotó que infortunadamente las clases de ética no son muy importantes en las facultades de derecho y que en algunas de ellas no son obligatorias.

En este sentido indicó que Acofade trabaja con algunos decanos de las facultades de derecho para que aumenten sus horas en materia de Ética.

"Hace falta un trabajo importante en la materia para aumentar la intensidad horaria de ética en las Facultades de derecho, en esto estamos trabajando con la Corporación excelencia en la justicia en los diversos seminarios que realiza esta asociación", explicó el presidente de Acofade.
 
Lo que debe saber un abogado
 
El artículo 28 del Código Disciplinario del Abogado prevé que el profesional debe fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas.

Si contrata los servicios de un profesional en Derecho, él y usted deben firmar los recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto.

Así mismo, deberá acordar con claridad los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y forma de pago.

El abogado debe guardar el secreto profesional, incluso después de cesar la prestación de sus servicios y no usar la información para beneficio propio o de otros. Es una falta profesional sancionable el no atender con diligencia los encargos profesionales.

Debe tener un domicilio profesional conocido, registrado y actualizado ante el Registro Nacional de Abogados para la atención de los asuntos que se le encomienden.

El abogado debe informarle a su cliente sobre las posibilidades reales de la gestión, sin crear falsas expectativas, magnificar las dificultades ni asegurar un resultado favorable.

 

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